El oficio de opinador (más o menos profesional) conlleva ciertos efectos colaterales. Sobre todo si tu teléfono figura en la guía. Al menos cuando mencionas actitudes de grupos como el Opus Dei.

Hoy he recibido varias llamadas de personas que, tras haber leído mi artículo, se han sentido compelidas a llamarme para expresar su desacuerdo por mi sesgo y mis prejuicios. Correctas, las llamadas (y perfectamente identificados quienes las hacían, todo un detalle), en cualquier caso, suponían una intromisión en mi vida privada a la que no estoy acostumbrado. Ni me son queridas, evidentemente.

En cualquier caso, lo cierto es que con ellas he podido comprobar dos cosas: en primer lugar, que no habían entendido que mi artículo no hablaba de si las posturas del Opus u otras agrupaciones católicas son correctas o lícitas, sino de otra cosa diferente: hablaba de la responsabilidad de quienes gobiernan de hacerlo para todos los ciudadanos. Y de hacerlo en base a criterios que todos podamos entender.

En segundo lugar, queda claro que uno puede hablar libremente de casi todo, salvo de ciertos temas.

(Añadiría, acaso como tercera conclusión, la tentación que sienten mis críticos telefónicos de pensar que yo tengo algún mal rollo personal con el opus o los católicos en general: presuponen estas personas que quien ejerce la crítica lo hace siempre por enfermedad, prejuicio o resabio de quién sabe qué malas experiencias. Qué cosas...)

Pues sí, en este país todavía hay cosas que levantan ampollas. En todo caso, aprovechándome de que mi nombre no aparece en la guía telefónica, sí que me gustaría dar mi pequeña opinión acerca de una dolorosa obviedad: La constitución española no define oficialmente un país laico, sino aconfesional. Lamentablemente, hay un largo trecho desde un país que dice no practicar oficialmente ninguna creencia hasta un país que es neutro ante cualquier creencia o falta de la misma.
Aún más, en el propio artículo 16 de la Constitución se menciona que el Estado mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica "y las demás confesiones". Es decir, en primer lugar hace la presunción de que España seguirá por siempre siendo la reserva "espiritual" de Occidente y en segundo lugar, pone en entredicho, o más bien matiza la afirmación anterior de que es aconfesional. Como dice Puente-Ojea, quien fue Embajador de España ante el Vaticano, este país ni siquiera es aconfesional, sino criptoconfesional. Y si no, que devuelva la Iglesia el dinero de más que se embolsa todos los años por concepto de IRPF aunque yo marque la casilla de "otros fines de interés social". Aún más diría yo: ¿Por qué el Estado tiene que actuar como recaudador de los fondos que los ciudadanos libremente deberían dar o dejar de dar en los templos que la Iglesia tiene diseminados por doquier?

Que se reconozca en la Constitución la libertad religiosa ya es, en mi opìnión, un ataque a la necesaria laicidad del Estado, porque eleva el pensamiento religioso a otra categoría diferente del pensamiento en general. ¿No bastaría garantizar la libertad de pensamiento, opinión y expresión en general, sea pensamiento religioso, ateo, agnóstico o cualquier forma posible de pensamiento?

Y lamentablemente todo esto tiene mucho que ver con las células madre. Que salga el Secretario de Estado o el Director General (ahora no recuerdo) del ramo a decir en "Informe Semanal" que el Gobierno ha optado por impulsar sólo la investigación con células madre "adultas" por motivos religiosos es sencillamente inaceptable.

Y así vamos. Estos sí que son progresistas trasnochados, que diría nuestro ínclito presidente Aznar.

Creo lógico que si yo, por ejemplo, soy católico y mi fe me dice que los homosexuales no pueden establecerse como familia, no apoye algo que va contra mi fe; es lícito y no es ninguna incompatibilidad.