De La Objeción De Conciencia
Un planteamiento democrático...
Le tengo mucho respeto a la objeción de conciencia. Entre otras cosas porque amigos míos se tiraron año y medio de cárcel por estar convencidos de que su conciencia era más importante que la ley de levas que les obligaba a un servicio a la patria que ellos no consideraban ni justo ni adecuado. Otros amigos sufren continuos acosos de Hacienda por el hecho de haber suscrito desde hace años la política de realizar una objeción fiscal a los gastos militares.
La respecto incluso cuando me parece que es una excusa para anteponer prejuicios antidemocráticos (de índole religiosa las más de las veces) al servicio público por el que uno cobra. Me refiero, por ejemplo, al personal sanitario que "objeta" la realización de interrupciones del embarazo o la administración de píldoras post-coitales.
En ningún caso reclamaría para estas personas, por más -reitero- de mi convencimiento de que esa objeción de conciencia no es trigo limpio (y no sólo por esos casos que siempre se cuentan de gente que objeta en la sanidad pública para practicar los abortos en la privada), nunca reclamaré, decía, penas de privación de libertad. Exigiría, eso sí, que si con esa objeción dejan de cumplir parte del horario laboral tuvieran una mengua en sus salarios correspondiente a las horas perdidas. Y exijo, por supuesto, que la administración competente asegure el derecho a la salud de las mujeres que necesiten esos servicios objeto de problemas de conciencia. Es decir, que si parte de la plantilla no acepta la realización de un trabajo que es parte de sus cometidos se puedan montar equipos que sí lo hagan. La solución más perversa, la que vivimos, por ejemplo, en Navarra con el tema de las interrupciones del embarazo, pasa por pagar a las pacientes el desplazamiento a lugares donde sí puedan ser atendidas adecuadamente.
En el caso de las oficinas de farmacia que ejercen una peculiar "objeción de conciencia" para negarse a expender preservativos, incluso en algo tan estúpido y abyecto, ahí también defenderé el derecho de objecion de conciencia. Eso sí, entendería que la administración optara por incluir otros despachos en los que no le pongan peros a la profilaxis sexual en su red de farmacias concertadas, dejando estas -con toda libertad- fuera de los convenios, porque siempre hay más farmacias de las necesarias en las ciudades. Por supuesto, el criterio administrativo debería siempre asegurar una completa cobertura farmacéutica a los ciudadanos, supliendo, si es el caso, las carencias derivadas esa objeción de algunos farmacéuticos de catolicismo montaraz.
Así las cosas, entiendo que algunos alcaldes y personal de la administración puedan pretender ahora invocar un derecho de objeción de conciencia para negarse a tramitar matrimonios. Si las leyes que rigen tales contratos ciudadanos les afectan tanto, que no los celebren. Lo lógico sería que no sólo los de homosexuales, sino todos, porque una vez aprobada la ley, todos los matrimonios serán iguales. La administración debería asegurar que los ciudadanos y ciudadanas puedan contraer matrimonio, disponiendo de equipos sin tantos miramientos a estos temas. Y, por supuesto, apartando a estos profesionales objetantes de su "problema" de conciencia. Si trabajan menos horas, que cobren menos. Si no, que se ocupen de otros trámites. Allá ellos con su "conciencia", un tema en el que el estado es mejor que no entre.
Eso sí, ante un único hecho comprobado en el que un ciudadano (o una pareja) pueda encontrarse en la situación en la que no puede practicar una interrupción legal de embarazo, conseguir la administración de una píldora postcoital, comprar un condón o casarse, la administración quedará en evidencia como incompetente si no le pone inmediato remedio. Y habrá de ponérselo: no estaría de más que esos casos se conocieran públicamente, y que públicamente supiéramos cuánto dinero de más estaremos pagando todos por estas cuestiones de conciencia. Que se sepa, qué menos, el precio de la "conciencia" de algunos.
Creo que otros países regulan la objeción de conciencia en muchos temas, y en la modificación del Código Civil para incluir los matrimonios homosexuales se debería incluir una regulación de la objeción de conciencia. Por más que, lo confieso, me parezca una vergüenza que esos comportamientos se puedan meter bajo el paraguas de la conciencia democrática.
Porque, mal que les pese a quienes les pesa mal ser calificados como lo que son, quienes objeten lo harán por ser homófobos.
Por supuesto, las palabras encendidas de ciertos representantes de la Iglesia estos días, las declaraciones voluntaristas de esos munícipes electos, esas llamadas a la desobediencia civil desde la más radical homofobia son lo que son, las dicen quienes las dicen y ningún ciudadano tiene que tener el menor respeto por esas afirmaciones si no las consideran adecuadas.
Planteamientos que en cierto modo también me pide el cuerpo en este tema...
Querría hacer notar que el derecho a la objeción de conciencia es asunto muy serio, y que no se puede andar siempre mercadeando con los integrismos religiosos, que el Estado debe asegurar que dispone de personal capaz de hacer cumplir sus compromisos. Tal y como están planteando la cuestión algunos católicos (quizás también de otras confesiones, aunque el grueso del colectivo "objetante" es católico) el problema empieza a estar en si un funcionario católico puede ser apto para el desempeño de ciertas labores. Cuestión compleja, porque entendiendo que nadie puede ser discriminado por sus creencias religiosas, tampoco nadie puede pretender que no se pueda asegurar el cumplimiento de las leyes debido a la existencia de pretendidos imperativos de orden superior. Esto es: quizá un católico integrista no podría ser así juez ni alcalde, ni trabajar en ginecología, al menos en la red pública. De la misma forma que entendemos que para ser juez hacen falta unas demostradas cualificaciones, entre ellas estaría el compromismo estricto al cumplimiento de la ley, de la ley de los hombres, no de la de su dios...
¿Es lógico que tengamos que permitir en la red pública de sanidad que un médico pueda llegar a negarse a administrar supositorios a un niño porque tiene la patológica creencia de que algo así lleva a la homosexualidad del infante? ¿Deberíamos permitir que un consejero de salud anteponga sus creencias sobre el bien morir al hecho sanitario de las sedaciones paliativas en las urgencias médicas? ¿Qué decir de un alcalde que se opone a dar fe de un contrato público de matrimonio? Que se dediquen a otra cosa, que en las oposiciones a esos puestos que parecen ser tan sensibles, se busque precisamente a las personas más adecuadas, mediante la oposición o el sistema de selección o elección adecuado a las leyes.
Por supuesto, regulándose desde la misma Constitución algunas figuras de la objeción de conciencia, esta propuesta queda fuera de cuestión. Por el momento. La pregunta abierta es si en una verdadera democracia basada en el respeto a los derechos humanos se puede entender una pretendida superioridad de valores fuera de ese mismo marco. Asegurar la laicidad de un estado no es convertirlo en un estado totalitario. Simplemente, una cuestión de salud democrática. Un tema, lo reconozco, espinoso. Pero quería mencionarlo.
Y una propuesta desmelenada...
¿Objeción de conciencia? Esto da risa, señores. Si pretenden ahora emplear ese derecho de conciencia para negarse a cumplir la ley, apliquemos todos el mismo criterio para con los católicos. Por ejemplo: ¿cuánto dinero cobra la Iglesia Católica del Estado? ¿Qué fracción de ello corresponde a cada ciudadano? Pues bien, en mis impuestos, exijo que se incluya una cláusula en la que pueda expresar mi objeción de conciencia a que se le pague ni un duro. Bastante mal han hecho a la humanidad en su conjunto y a este país en concreto como para seguir pagándoles impunemente. De la misma manera que hay colectivos que cada año realizan campañas de objeción fiscal para no contribuir a los gastos militares, habrá que promover una objeción fiscal para evitar que se le pague a una Iglesia que pretende interferir en los asuntos del estado, sea desde la plataforma de las clases de religión, sea con esta absurda cláusula de conciencia que ahora nos venden. Y, por supuesto, el Concordato deberá ser denunciado, cuanto antes. Ya puestos, podríamos comenzar a revisar los papeles para ver si es posible una nueva Desamortización. No sé si habrá que pensar ya en el día en que larguemos a tanto enemigo de la democracia de nuestro país. O, al menos, les exijamos un compromiso formal similar al que exigimos a los partidos políticos o a quienes van a entrar a servir en la función pública.
Conclusión preliminar...
Por supuesto, uno tiene el día moderado y encuentra que la primera posición sobre el asunto de la objeción de conciencia en el asunto de la celebración de los matrimonios homosexuales es posiblemente mucho más constructiva que las otras. El camino, sin embargo, nos podría deparar muchas sorpresas.
